Según relató, entre las carpetas de investigación se encontró una sobre la líder de la Coalición Cívica bajo el nombre “Conformación de pensamiento y acciones de Elisa Carrió”. También se hallaron otras contra ex funcionarios kirchneristas bajo los nombres de “Capacidad de orientar contenidos de la declaración de Leonardo Fariña en aras de procesar con prisión preventiva a Ricardo Etchegaray” y “Relación de ex asesores presidenciales de época K con el Puerto Quequén”.

 El pronunciamiento, titulado “La independencia judicial en jaque”, se dio justo cuando el Gobierno avanza contra el magistrado e impulsó su juicio político.
Ramos Padilla habló ante la Comisión de Libertad de Expresión, en un encuentro al que no asistieron los diputados del oficialismo y planteó, tal como recordó Justicia Legítima, que “no cuenta con elementos informáticos adecuados ni personal experto en esa materia, pese a los pedidos efectuados”; y que “el Servicio Penitenciario no traslada a los imputados detenidos para prestar declaración, con el absurdo e insólito argumento de falta de medios”.

Un vínculo roto con Carrió que se remonta al año 2001

Antes de ser apuntado por Elisa Carrió como un “juez kirchnerista” que quiere verla presa, Alejo Ramos Padilla representó al ARI. Fue en 2001, cuando la actual diputada de la Coalición Cívica compartía espacio con el socialista Alfredo Bravo, amigo íntimo del padre del juez federal de Dolores que hoy investiga una supuesta red de espionaje paraestatal que alteró a Comodoro Py y cortó el calmo verano de Lilita.
En esos años de crisis, el ARI de Carrió reclamaba una banca en el Senado para Bravo, que finalmente quedó en manos de Gustavo Béliz, luego ministro de Néstor Kirchner. Y los Ramos Padilla firmaban las presentaciones judiciales que luego Lilita defendía en los medios.
Cerca de Carrió pocos dicen recordar al entonces joven abogado Alejo Ramos Padilla, hasta entonces un importante dirigente de la Franja Morada y “enamorado de Alfonsín” que trabajaba a las órdenes de su padre, el también juez Juan Ramos Padilla.
“Ramos Padilla nunca fue del ARI y el interbloque era muy ecléctico”, se distancian en el entorno de Lilita.
Sin embargo, una carta de lectores publicada entonces en el diario La Nación da cuenta de que padre e hijo intervinieron en la disputa judicial por la banca de Bravo que encabezó el ARI. Fue un vínculo corto e intenso.
A sus allegados, los Ramos Padilla les hablan de los tiempos en que Lilita visitaba su estudio jurídico y de los pequeños actos que compartían antes de la ruptura con Bravo, en diciembre de 2002.
La última vez que se vieron fue en el funeral del socialista, meses después: Ramos Padilla padre despedía a su mejor amigo y Carrió derramaba lágrimas a pocos metros.

Impulsan el juicio político contra el juez por anomalías 

Dos días después de su presentación en el Congreso, más precisamente en el seno de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja y con la presencia exclusiva de legisladores del kirchnerismo, el Gobierno decidió impulsar el juicio político contra el juez federal Alejo Ramos Padilla.   
Autoridades nacionales le adjudican una “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”.
El jury de enjuiciamiento fue elevado por el ministro Germán Garavano al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques.
Allí se argumenta que el magistrado expuso detalles de un expediente en trámite, “en una clara infracción al deber de reserva que debe garantizar en su carácter de director del proceso”.
Remitiéndose al Artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación, se rememoró que el sumario debe ser público para las partes involucradas y sus defensores, pero “será siempre secreto para los extraños”.
Por el contrario, se señaló que “muy lejos del respeto de ese deber de reserva, el mentado juez hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial, poniendo gravemente en crisis de ese modo la confianza que los habitantes depositan en ese poder del Estado”.