(primeraedicionweb.com.ar) Así lo marcó en claro el secretario de Prevención de Adicciones, Roberto Padilla, quien visitó la FM 89.3. Dentro de los 90 días de la firma del Decreto 776 comenzará la obliegatoriedad de la realización de los exámenes toxicológicos a los funcionarios de Misiones. El mismo será de manera aleatorea y anual.

Días atrás, en el marco del “Año de la Prevención de Consumos Problemáticos”, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó el Decreto N° 776 que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos en el ámbito de la función pública provincial.

La medida fue comunicada a través de sus redes sociales, donde el mandatario sostuvo que “esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la idoneidad y la ética que la familia misionera merece”.

De acuerdo a lo dispuesto, la iniciativa alcanza al gobernador, vicegobernador, ministros, autoridades superiores y personal jerárquico de la administración central. También incluye a integrantes de entes autárquicos, sociedades del Estado y aquellas con participación estatal mayoritaria. A su vez, se extiende a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y agentes del sistema sanitario. En todos los casos, se establecen controles preventivos destinados a detectar sustancias psicoadictivas ilegales.

Para profundizar en el alcance del decreto, el secretario de Prevención de Adicciones de la provincia, Roberto Padilla, brindó detalles en FM 89.3 Santa María de las Misiones. Allí advirtió que el consumo problemático no distingue sectores y puede atravesar a cualquier persona dentro de la sociedad.

En ese sentido, remarcó que “la cuestión del consumo problemático puede afectar a cualquiera en la sociedad. Partiendo de esa base, nosotros decimos cualquiera y puede ser de cualquier religión, partido político, clase social, entonces ¿por qué no puede afectar a alguien que esté en una función pública?”.

El funcionario consideró además que las repercusiones están vinculadas al rol institucional de quienes podrían verse alcanzados. En esa línea, expresó que “quizás por ahí el ruido tiene que ver con el cargo o la función que pueda llegar a estar ocupando, si hubiere pronto alguna situación de consumo en alguna persona que esté en esos lugares que comprende el decreto”.

Al ampliar su análisis, recordó que la problemática se ha extendido a distintos ámbitos. Según indicó, “por eso nosotros desde nuestra secretaría venimos hablando hace mucho tiempo de que el consumo ha transversalizado a la sociedad; por eso acudimos a escuelas secundarias, a ámbitos laborales, a comunidades de fe, o sea a lugares donde nunca pensamos que teníamos que ir a hablar del tema”.

Padilla valoró la implementación de la medida y destacó su enfoque preventivo. “Bienvenido sea el decreto y sobre todo el espíritu del mismo, porque me parece que eso es lo más importante que tiene. Apunta a lo preventivo, a la contención y sobre todas las cosas también a la toma de responsabilidad y conciencia de alguien que de por sí, quien consume tiene una negación propia de la problemática”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, confirmó que ya hubo funcionarios que se acercaron de manera voluntaria a realizarse el estudio. “Sí, hoy fui con el ministro de Salud, fueron los subsecretarios de ambos ministerios, el ministro de Gobierno se acercó ayer y fue el primero. La cúpula policial ha ido hoy también, estuvo el subsecretario de Seguridad y Justicia, el subsecretario de Salud Pública y el ministro de Desarrollo Social”, detalló.

Asimismo, destacó que la medida ya comenzó a aplicarse en la práctica y subrayó la importancia de garantizar su transparencia. “Lo importante de todo esto es que el decreto no quedó en un anuncio y la otra cosa también que es muy importante es garantizar la transparencia del procedimiento”, señaló.

En relación a la implementación formal, explicó que los controles serán sorpresivos. “El decreto dice que va a ser en forma aleatoria, o sea nadie sabe cuándo le va a tocar. Está en vigencia, aunque hay 90 días desde su oficialización para comenzar con el procedimiento. Por eso me parece que la actitud de ir voluntariamente antes de que sea convocado demuestra un buen gesto de los funcionarios”, sostuvo.

También precisó que la aplicación estará a cargo de dos áreas del Estado. Indicó que “hay dos ministerios que son los de aplicación. Por un lado está Salud Pública, a quien le toca toda la parte del testeo y para ello se designó un espacio específico que comprende el CAP 11 dentro de la zona Capital”.

En cuanto al protocolo, explicó que existen instancias de verificación ante un resultado positivo. “En el caso de comprobarse que una persona dio positivo en la primera muestra, tiene derecho a una contraprueba para descartar. Puede ocurrir que esté atravesando una situación de estrés, ansiedad o que esté con medicación recomendada. En ese caso debe certificarlo y queda exceptuada”, detalló.

Agregó que, de persistir el resultado, se activa un abordaje específico. “Si no fuera así, tiene derecho a una contraprueba y si vuelve a dar positivo automáticamente entra el equipo que va a trabajar en la contención, que es el nuestro. Se trabaja en el abordaje de la persona que consume. Entonces hay dos instancias bien marcadas dentro de este decreto”, explicó.

Por otra parte, el funcionario describió cómo se realiza el estudio y aclaró que se basa en una muestra específica. “Si bien se habla mucho de narcotest, lo que se solicita es una muestra de orina”, indicó.

Al detallar el procedimiento, señaló que “primero uno tiene que brindar el consentimiento y firmar una planilla con los datos personales. Luego el personal administrativo asigna un número de referencia y explica cómo se realiza la toma de la muestra y cómo se debe sellar el sobre. Eso garantiza la seguridad, queda totalmente cerrado y solo lo abre quien realiza el análisis”.

Finalmente, explicó los tiempos de entrega de resultados y el circuito posterior. “Se corrobora que todo esté correcto, se entrega la muestra y el resultado llega a las tres horas. Queda registrado en el sistema y quien dé positivo será convocado para la contraprueba”, afirmó.

“Lo importante de todo esto es que el decreto no quedó en un anuncio y la otra cosa también que es muy importante es garantizar la transparencia del procedimiento”, acotó.

Pero, ante el acercamiento espontáneo ya de algunos funcionarios, se le consultó: ¿cómo va a ser el modo de aplicación oficial de este narcotest a todos los funcionarios del gobienro y de seguridad, respectivamente?. “El decreto dice que va a ser en forma aleatoria; o sea, nadie sabe cuando le va a tocar. El decreto está en vigencia, aunque hay 90 días desde la fecha de su oficialización para empezar con el procedimiento oficial. Por eso me parece que la actitud de ir voluntariamente antes de que sea aleatorio o convocado, demuestra un buen gesto de los funcionarios”.

Al mismo tiempo recordó que “hay dos Ministerios que son los de aplicación. Por un lado, está Salud Pública, a quién le toca toda la parte del testeo; y para ello se designó un espacio específico que comprende el CAP 11, que está dentro de la zona Capital”.

Además, detalló que el decreto dice que “en el caso de corroborarse o comprobarse a una persona que dio positivo en la primera muestra, la contraprueba, tiene derecho a una contraprueba para descartar. ¿Por qué?, porque ahí puede ser que haya haya en el testeo una persona que esté transitando un problema de estrés, de ansiedad, que está con una medicación recomendada, entonces obviamente que si está medicada va a dar positivo tiene que certificar esa persona queda exeptuada del decreto.

Padilla indicó además que los resultados son informados a las autoridades correspondientes. “Una vez que la prueba y la contraprueba dan positivo se informa inmediatamente a la autoridad superior. Por ejemplo, si es de un ministerio, se comunica al ministro, que es quien debe tomar las decisiones”, explicó.

En paralelo, adelantó que varios municipios ya adhirieron a la normativa provincial. “Algunos ya se sumaron como Leandro N. Alem, Puerto Esperanza y Puerto Iguazú. Ahora cada uno debe ordenar y armar su protocolo a nivel local y definir qué organismo será el ente de control”, señaló.

Por último, consideró que la adhesión de las comunas resulta clave para ampliar el alcance de la política pública. “Me parece que es un gran paso que los intendentes se adhieran, es fundamental porque conocen la problemática de su municipio. Va en consonancia con lo que viene haciendo el gobierno provincial”, concluyó.