“Lo que se va a continuar haciendo es el control de datos entre AFIP y ANSES para ver los casos en los que hayan incompatibilidades con el decreto que regula el otorgamiento de las pensiones no contributivas”, explicó la responsable en diálogo con FM Libertad. El objetivo principal es la detección de personas que cobren dicho subsidio y no hayan cumplimentado los requisitos correspondientes. Según Ruez, estos controles ya se realizaban de forma habitual y en la provincia ya hay unos 71.500 beneficiarios.

 Luego de que personal de la Agencia de Discapacidad se haya comunicado con estas personas, ya sea vía telefónica o postal, se las va a citar y tendrán un plazo de 10 días para sacar un turno en ANSES llamando al número 130. Llegada la fecha, tienen que presentarse y llevar consigo los documentos específicos que se le soliciten para que continúe cobrando.

 Según explica Ruez, para ser acreedor de esta pensión hay que tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%, se debe estar imposibilitado a ejercer algún trabajo y no debe tener ningún otro ingreso. En caso de que se trate de un menor de edad y sus padres trabajen en blanco, sus ingresos no deben ser superiores a 16 mil pesos, ya que de estar en blanco reciben un salario por hijo con discapacidad. “Los que trabajamos en relación de dependencia cobramos un salario por cada hijo. En el caso de un hijo con discapacidad, se cobran tres salarios”, explicó.

  Otro de los requisitos a tener en cuenta para autorizar el beneficio, aseguró Ruez, incluye no poseer un vehículo automotor o motocicleta a partir de modelos 2013 en adelante. La AFIP autoriza descuentos exclusivos en la compra de vehículos para personas con discapacidad y se les brinda una factura y/o certificado que lo corrobora. El problema radica en que si la persona adquiere un vehículo por otros medios, entienden que es acreedora de ingresos que se lo permiten y por ello no le correspondería percibir esta pensión.