(elterritorio.com.ar) Tomadores de créditos se quejan de que las cuotas, atadas a la inflación, se elevan a cifras cuyos montos resultan impagables. Advierten que la situación es asfixiante.

La situación de los tomadores de créditos por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) es crítica, dado que por el cálculo de la cuota mensual para el pago de la compra de una propiedad, el monto resulta muy elevado, difícil de afrontar por parte de las -se estima- 120.000 familias en todo el país que accedieron a esta modalidad.

En este sentido, desde diversos grupos representantes de tomadores de créditos UVA insisten en una mayor celeridad de soluciones con el objetivo de aliviar la carga de las cuotas, con importes mucho más sustentables.

Hace un mes, las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación iniciaron una serie de exposiciones para elaborar desde el Poder Legislativo una solución al respecto.

Los tiempos avanzan y los montos de las cuotas se siguen encareciendo a valores impagables, reiteraron diversas asociaciones de tomadores UVA en todo el país. En el medio, se anticipó una nueva suba en los importes mensuales. Ante esta situación, temen que ante la imposibilidad de afrontar los pagos haya remates masivos.

En estado crítico

“La situación es comprometida porque la inflación no para, no hay una decisión política y fue un fracaso por parte de quienes crearon este sistema”, sostuvo Paola Gutiérrez, referente de Hipotecados UVA.

En diálogo con El Territorio, comentó que el valor de una cuota oscila los 60.000 pesos, monto que se disparó debido a que está atado a la inflación, índice que no parece disminuir.

“La verdad es que si los diputados, los senadores y la política no le ponen un freno, habrá un número importante de remates, porque nos estamos endeudando en todo lo demás para hacer frente a las cuotas, pero hay un límite, porque tenemos que darles de comer a nuestros hijos. Queremos pagar la hipoteca, queremos subsistir y honrar nuestras deudas”, señaló.

Luego, acotó que los bancos están pensando en ponerle un tope a los plazos fijos UVA, indexados a la inflación, cuya ganancia es alta antes los elevados números del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual. “Si los bancos dicen que no pueden pagar los plazos fijos UVA, una familia tampoco puede pagar los créditos ante los números de inflación que hay”, agregó.

Recordó que hubo dos reuniones en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, de carácter informativo. Se esperaba una tercera reunión con exposición de los bancos, que según relató Gutiérrez, no se presentaron. “Hubo un compromiso de sacar una ley en 30 días, pero ya pasaron 60 días de esa promesa y aún no hay una ley, sin novedades”, añadió.

“La situación es tan dramática y lo que se espera es tan oscuro que nos queda ir en masa y entregar las llaves de las casas y empezar de vuelta. No es solamente nuestro tema, sino los alquileres. Todo tiene que ver con el derecho constitucional al acceso a la vivienda, entonces el Estado tiene que regular”, señaló Gutiérrez, al tiempo que consideró: “Fuimos víctimas de una publicidad engañosa por parte del Estado en la gestión de Mauricio Macri, con los bancos, entregando a los hipotecados al sistema financiero. La UVA puede subir mucho y nosotros tenemos que pagarlo. Por eso insistimos en medidas de fondo”.

Medidas de fondo

Por su parte, el abogado y profesor universitario José Bernardo Díaz insistió en medidas de fondo. “Se habló mucho sobre que los deudores piden que el Estado condone las deudas y no es así, ya que toda persona que toma un crédito hipotecario a largo plazo lo hace con el sueño de tener la casa propia con su familia, sin la búsqueda de un provecho económico”, indicó en diálogo con este matutino.

Asimismo, precisó que “lo que se busca no es que el Estado pague la deuda, sino que tanto desde la faz legislativa como la  judicial se aplique el esfuerzo compartido, ya que el índice al que se ajustan los UVA -inflación- fue una situación imprevisible e imprevista”. En este sentido, consideró que se aplique el esfuerzo compartido entre  los bancos y los deudores obteniéndose un punto de equilibrio “para afrontar el pago de las cuotas, que son a valores muy elevados de afrontar por parte de los tomadores de créditos” al considerar que la situación económica se desequilibró más aún en los últimos años. “El Estado tiene que ser regulador para encontrar el equilibrio, como pasó en su momento con la pesificación de las deudas hipotecarias que estaban en dólares durante la convertibilidad”, recordó.

Por ello, consideró fundamental una solución desde el ámbito político “en la búsqueda de un equilibrio que deje de lado el sistema UVA”.

Asimismo, en el ámbito judicial precisó que hubo presentaciones en diversos puntos del país, como Córdoba, Mar del Plata y Mendoza, donde lo que se planteó es una modificación en los términos del contrato, apelando al esfuerzo compartido. “Entonces, los tribunales judiciales establecieron tutelar al más débil, en pos de modificar las fallas del mercado ya que aparecen imprevisiblemente al momento de contratar. cambiar el índice UVA por el 90 % del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), operando retroactivamente desde el inicio del contrato, en virtud de la teoría de la imprevisión y sustentando los fallos en la Ley de Defensa del Consumidor”, al aducir que la situación económica no fue a la par de lo anunciado. Por ejemplo, para 2019 la inflación fue del 49% y los números proyectados hablaban de un incremento de precios de alrededor del 25%. “Ni los gurúes económicos previeron lo que sucedería con posterioridad con los niveles inflacionarios y que impactaron desmedidamente en los créditos UVA”, dijo.

“Cuando se celebró la UVA no fue un contrato entre pares, sino que ese contrato es de adhesión, predeterminado, por lo que no hay posibilidad de negociar nada, se pacta conforme las cláusulas impuestas por el banco, no se pueden modificar. El deudor no es verdaderamente libre al contratar, ya que existe una desigualdad real que impide las negociaciones en paridad de condiciones (contrato de adhesión). Así, ya está disminuida la libertad contractual, por lo que el contrato se firma o no. Lo que dicen los jueces es aplicar la teoría del esfuerzo compartido: se reajustan los montos de las cuotas, ya que se debe lograr el restablecimiento del equilibrio inicial en base a razones de equidad”, explicó sobre los fallos en otras provincias.

Al final, Díaz insistió: “En los fallos, los jueces modifican los términos contractuales Se sale del sistema UVA en pos de restablecer el equilibrio entre partes.  La solución sería una ley que establezca un nuevo sistema y ver cómo avanzan las presentaciones judiciales al respecto”.

En cifras

120.000
La cantidad de familias damnificadas por la toma de las hipotecas UVA, cuyas cuotas están sujetas a los índices inflacionarios.

Consultas ante Defensa del Consumidor
Alejandro Garzón Maceda, titular de Defensa del Consumidor, señaló que “hasta el momento hemos tenido consultas sobre este tema pero no presentaciones, por lo que al no tener presentaciones no hay un acceso a los contratos”.

Luego, explicó que “el problema del crédito UVA es el aumento de la cuota en función de la inflación, que es alta y es difícil encontrar una infracción al contrato porque el problema es que el contrato está atado a la inflación.

Indicó que la situación es diferente con lo que ocurrió con las terminales automotrices con los planes de ahorro “en los que sí hubo situaciones de abuso ya que eran ellas quienes determinaban los valores de los vehículos”.

“Habría que ver la relación del consumo más la protección del patrimonio del consumidor, evaluar si la relación entre la relación que hay entre la capacidad de pago del consumidor con el aumento de la cuota en función de la inflación”, comentó.