La decisión de no llevar a Torres a juicio político lo consideró la Comisión Investigadora, que presentó informe ante los demás ediles, el viernes último, y solicitó aprobación de dictamen. El cual fue acompañado por cinco votos a favor por parte de Sonia Antúnez, Enso Adoryan, Susana Benke, Juan de Jesús Procopio y  Pedro Borjas, mientras que Luciana Pereira y Martin Dellien, votaron en contra.
 
El argumento presentado por la comisión investigadora fue duramente cuestionado tanto por los ediles que se mostraron en contra, como por integrantes de ATE, guardaparques y vecinos, porque consideran que no se reunieron pruebas contundentes como para tomar apurada decisión, desconsiderando la posibilidad de tomar testimonios o los guardaparques, solamente lo hicieron a los amigos de Torres.

Y en cuanto a la remoción del cargo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 295 de la Carta Orgánica Municipal, consideran que Torres no hacía uso de sus funciones como concejal al momento de ser detenido en plena biosfera Yabotí. Al informe también agregaron el oficio emitido por el Juzgado de Instrucción Nº 3, donde se informa que el concejal en cuestión sería imputado por el delito de "Portación ilegal de arma de fuego de uso civil".
 
Lo expuesto por la Comisión, y la aprobación del expediente, que fuera votado en una sesión especial donde estuvo prohibida la presencia de la prensa, mantiene en vilo a quienes luchan por defender el medio ambiente porque temen que con esta postura política este tipo de atropello contra la flora, se expanda impunemente. “Lo que no queremos es que esto quede impune, estamos en un municipio rodeado por parques y la reserva Biosfera Yabotí, tenemos una masa de bosque muy importante, nosotros tenemos herramientas las cuales instrumentamos a fin de proteger los recursos, sentir el poder político quiere pisotear mi profesión, nuestro trabajo,  es algo que desagrada mucho, repudiamos la decisión de los concejales como guardaparque y como ATE”, señaló en diálogo con El Territorio, Javier Baéz, Guardaparque.
 
Desde ATE presentaron un comunicado solicitando al Ministerio de Ecología que se determinen las multas correspondientes considerando que estas personas estaban en tránsito dentro de la Biosfera Yabotí, llevaban dos ejemplares de paca y uno de pecarí y armas de fuego, claro indicio de que practicaban caza furtiva.

“Exigimos que por parte del Ministerio de Ecología, se actué con las multas correspondientes sin contar que esto fue concretado en plena cuarentena. Queremos que los concejales estén a la altura de las circunstancias y un concejal sea digno de su cargo, con actitudes que sean ejemplificadoras para el pueblo y no lo contrario", finalizó Báez.