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Policiales
Incautan celulares del comisario sospechado de cobrar coimas
El funcionario tuvo que entregar sus dos teléfonos móviles registrados, tanto el particular como el institucional
(elterritorio.com.ar) Mientras continúa recepcionando antecedentes y nuevos testimonios de presuntas víctimas, la Justicia de instrucción ordenó el secuestro de los celulares del comisario Gilberto S. D. S., quien la semana pasada fue relevado del cargo de jefe de la comisaría de Campo Viera tras una serie de denuncias por presunto cohecho para la liberación de detenidos.
Fuentes del caso confirmaron que el funcionario tuvo que entregar sus dos teléfonos móviles registrados, tanto el particular como el institucional, aparatos que serán peritados por personal técnico de la División Criminalística de la Policía de Misiones.
Tal como publicó El Territorio la semana pasada, el comisario está sospechado de oficiar de nexo con un abogado de Campo Viera para otorgar excarcelaciones extrajudiciales, una acusación muy seria que derivó en su relevo del cargo y su traslado a la Unidad Regional XI de Aristóbulo del Valle.
En la víspera, en tanto, personal de la Unidad Regional II de Oberá continuó con la recepción de denuncias a presuntas víctimas del citado modus operandi.
En ese contexto, declararon dos hermanos con retraso madurativo y problemas cognitivos que habrían sido objeto de apremios ilegales, tal como oportunamente denunciaron sus padres ante el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, de lo cual exhibieron los respectivos comprobantes.
Según voceros con acceso al expediente, varios de los excesos citados se habrían concretado durante los últimos meses en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional por la pandemia de Covid-19.
Antecedentes
Antecedentes
Por otra parte, mencionaron que años atrás el mismo comisario afrontó una denuncia por enriquecimiento ilícito a partir de la denuncia de un subalterno, cuando cumplía funciones al frente de la comisaría de Campo Grande.
Incluso, recordaron que dejó el cargo luego de una importante manifestación de vecinos en reclamo por los reiterados hechos de inseguridad que se registraron en dicha jurisdicción.
Con relación al relevo de la comisaría de Campo Viera, se concretó el miércoles de la semana pasada tras la denuncia de Patricia Soza en sede de la UR II.
La mujer reconoció que en dos oportunidades pagó 3.000 pesos para excarcelar a su hijo, identificado como Alejandro Javier D. (18).
“El jefe de la comisaría de Campo Viera tomó por costumbre cobrar para liberar a los presos, pero eso está mal. Dos veces le pagué 3.000 pesos para que le largué a mi hijo”, aseguró Soza.
Dicho testimonio, publicado en exclusiva por este diario, derivó en nuevas acusaciones contra el mismo funcionario.
Fue así como una comisión de la UR II viajó desde Oberá a Campo Viera para tomar la denuncia de Julia Fernández, residente en el barrio Oeste, quien aportó mensajes de WhatsApp que complicaron la situación del comisario.
La mujer aseguró que funcionario hizo de nexo con un abogado de la misma localidad que podría tramitar la excarcelación de su hijo, detenido por una contravención.
“Mañana vaya y hable con el abogado K. Así él presenta una excarcelación”, escribió Gilberto S. D. S, tras lo cual le pasó el número del letrado.
“Llámele al abogado”
“Llámele al abogado”
En otros mensajes del mismo funcionario, se lee: “Llámele ahora si quiere solucionar lo de su otro hijo, el que está demorado por no cumplir la cuarentena”.
Fernández comentó que a fines de mayo su hijo de 18 años fue demorado por la Policía al hallarse en la vía pública fuera del horario estipulado en el marco de las restricciones por la pandemia de Covid-19. En tanto, su hijo de 20 años fue imputado por la misma contravención, pero se dio a la fuga.
En otros WhatsApp quedó en evidencia el apuro del uniformado para que la mujer se contacte con el letrado, como también por conocer el monto que solicitó para tramitar la excarcelación.
“Por ahí él le soluciona hoy ese tema (…) Habló con el abogado. Él me llamó preguntando. Hubo solución o no (…) Apenas me llama o escribe y se soluciona. Llámele al abogado”, escribió el comisario en sucesivas ocasiones.
En otro momento, preguntó “cuánto le cobra el abogado”, y luego de la respuesta de la mujer agregó: “Ah bien bien, no es caro… tendría que ver para que salga hoy el que está adentro. Hable con su abogado, sino mañana vemos los dos juntos”.
Restricciones y abuso
Restricciones y abuso
Fernández mencionó que siempre habló de plata con el abogado, quien incluso le propuso un descuento por dos excarcelaciones.
“Por mi hijo sólo eran 20.000 pesos, pero si le convencía al padre del amigo de mi hijo, que también cayó preso, nos hacía 30.000 por los dos chicos. Pero le dije que era mucha plata, que deje nomás”, indicó.
Por su parte, su concubino Federico Martínez comentó que las restricciones del aislamiento social preventivo y obligatorio trajeron aparejadas situaciones de abuso policial hacia los jóvenes del barrio.
“Como que ahora tienen excusa perfecta para levantarle a los chicos por cualquier cosa. A mis hijos les pegaron y amenazaron, y para colmo después el comisario me pidió una coima para largarle a uno. En la misma comisaría me dijo que para que no pase a mayores me convenía ir a hablar con el mismo abogado que le dijo a mi señora para arreglar la excarcelación”, denunció.
Según manifestó Martínez, el funcionario lo habría intimidado con la instrucción de una causa federal en contra de su hijo, lo que le acarrearía serios inconvenientes.
En tal sentido, indicó que “el comisario me dijo que cualquier causa federal es grave como si fuera por droga y que en el futuro le iba a complicar para conseguir trabajo. Me dijo que el abogado por ahí me iba a pedir 10.000 o 15.000 mil pesos. Me pareció muy caro y le dije que me iba a arreglar con mi propio abogado”.
La primera denuncia
“Me llamó desde el teléfono de mi hijo para que vaya a la oficina de él para arreglar una fianza, me dijo. Así fueron las dos veces”, detalló Patricia Soza, quien radicó la primera denuncia por presunto cohecho contra el comisario Gilberto S. D. S. La mujer mencionó que a principios de junio su hijo fue detenido por una patrulla del Comando cuando se dirigía a comprar cigarrillos a un quiosco. Comentó que “como lo tienen marcado, lo detuvieron y le dieron una paliza. De ahí le llevaron a la comisaría y lo tuvieron tres días detenido hasta que se curen los moretones. Al tercer día me llamó el jefe y me dijo que quería hablar conmigo, fui y ahí pidió 3.000 pesos para largarlo. Me dijo que así no pasaba al juzgado ni nada”. Pero transcurridos unos días el muchacho volvió a ser detenido y se repitió la secuencia. “El jefe me volvió a llamar y me dijo que vaya a la oficina. Otra vez me pidió 3.000 pesos para largarlo y acepté. Ahora me arrepiento, porque veo que no hay plata que alcance para pagarle al comisario”, graficó. Sobre la presunta metodología de cohecho, precisó que en las dos ocasiones en que pagó 3.000 pesos (6.000 en total) fue el propio jefe de la comisaría quien le solicitó la plata a manera de “fianza”.
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