(misionesonline.net) El soldado misionero Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, oriundo de Gobernador Roca, fue hallado sin vida el 16 de diciembre mientras cumplía tareas de guardia en la Quinta Presidencial de Olivos. Si bien la Justicia confirmó que el joven se suicidó con su fusil reglamentario, la investigación determinó que el efectivo del Ejército Argentino era víctima de una extorsión sistemática iniciada semanas antes de su muerte.

Durante una coferencia de prensa, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado presentó las pruebas que revelan la mecánica del hostigamiento que sufrió Rodrigo Andrés Gómez, el soldado voluntario de 21 años que se suicidó en la Quinta de Olivos. La investigación determinó que el joven fue el blanco de una organización criminal que operaba con teléfonos celulares desde las cárceles bonaerenses de Magdalena y Olmos.

El calvario del soldado comenzó en diciembre mediante un contacto en una aplicación de citas con un perfil falso. Lo que inició como una conversación privada se transformó en una emboscada psicológica coordinada por internos del Servicio Penitenciario. Según consta en el expediente, la banda utilizó audios extorsivos para quebrar la voluntad del joven con una voz femenina que simulaba ser la madre de una menor de edad.

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En las grabaciones recuperadas por la Justicia, se escucha a la mujer increpar a la víctima: “¡Degenerado! ¿Quién te pensás que sos para mandarle eso a mi hija? ¡Ya me estoy yendo a hacer la denuncia! Diecisiete años tiene mi hija”. Acto seguido, intervenía un falso policía que se identificaba como el subteniente Matías Nahuel Conti para simular un proceso legal inminente. “Tengo a la madre de una menor radicándome una denuncia en tu contra. En 24 horas vas a quedar retenido. Yo te puedo sacar limpio de esta”, amenazaba el extorsionador.

El soldado, quien se encontraba lejos de su familia y bajo la presión de perder su carrera militar, transfirió dinero a cuentas de colaboradores externos de la banda. El acoso se mantuvo hasta el 16 de diciembre, cuando Gómez utilizó su fusil FAL para quitarse la vida durante su guardia. La jueza Arroyo Salgado sostuvo que el miedo fue la herramienta central de control: “No se trataba de un hecho aislado, sino del desenlace de una extorsión sostenida”. 

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó la falta de control en los penales bonaerenses durante la presentación del caso. “Un celular en la mano de un delincuente que está preso es permitirles tener un arma en una celda. No se les puede permitir tener una pyme del delito adentro de la cárcel”, afirmó el funcionario. Por el hecho, siete personas permanecen detenidas, acusadas de integrar la estructura que asfixió económicamente y psicológicamente al militar.

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