
Productores yerbateros: “Condena a la marginalidad” para 12 mil familias productoras
Esa fue la conclusión, tras la reunión llevada a cabo en Aristóbulo del Valle con la presencia de cooperativas, asociaciones agrarias y colonos dedicados al sector de la yerba mate.
(primeraedicionweb.com.ar) La reciente reunión de productores de yerba mate, cooperativas y asociaciones agrarias en Aristóbulo del Valle, expuso la crítica situación que atraviesa el ecosistema productivo de Misiones.

Durante el encuentro, el diputado provincial Cristian Castro advirtió que el sector se encuentra en riesgo de colapso debido a la desregulación impuesta por el DNU 70/2023 y el Decreto 812/2025.
Según el legislador, la eliminación de las facultades fijadoras de precios del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) transformó el mercado en un “oligopsonio fallido”, donde una demanda concentrada en pocos molinos impone condiciones sobre miles de pequeños productores atomizados.
El diagnóstico técnico presentado por Castro señala que la idea de una libre competencia en el sector es una falacia, dado que “la urgencia biológica de procesar la hoja verde en pocas horas anula cualquier capacidad de negociación del colono”.

Al retirarse el arbitraje estatal, “la regulación del mercado queda en manos de los actores dominantes, lo que deriva en el diferimiento de pagos y una caída persistente en los precios nominales”. Esta asimetría ignora modelos internacionales como los de la Unión Europea o Estados Unidos, donde el sector agrícola mantiene protecciones regulatorias para garantizar la seguridad alimentaria y el arraigo rural.
El impacto social de estas medidas ya se manifiesta en “la descapitalización del pequeño productor y la asfixia financiera de las cooperativas locales”. El legislador subrayó que “la crisis no solo empuja a las familias hacia la pobreza, sino que fomenta un éxodo de trabajadores calificados hacia Brasil en busca de mejores salarios”.
Por su parte, el dirigente agrario Hugo Sand afirmó que el escenario actual responde a un plan estratégico para forzar la venta de tierras fértiles, advirtiendo que la pérdida de las facultades del INYM condena a la marginalidad a 12.000 familias misioneras en favor de una regulación privada arbitraria.
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