Polémica en El Soberbio por la reubicación de una directora acusada de encubrir caso de corrupción de menores
El Consejo General de Educación de Misiones autorizó la reubicación preventiva y provisoria de la directora de la Escuela de Frontera N.º 617
(radoup.com.ar) El Consejo General de Educación de Misiones autorizó la reubicación preventiva y provisoria de la directora de la Escuela de Frontera N.º 617, señalada por presunto encubrimiento y falsificación ideológica de documento público, en el marco de una grave causa por corrupción de menores.
El Consejo General de Educación (CGE) de Misiones dispuso la reubicación preventiva y provisoria de Elizabeth Lópes de Moura, ex directora de la Escuela 617 de la localidad de El Soberbio, quien se encuentra bajo la lupa judicial por su presunta responsabilidad en el encubrimiento de un caso de corrupción de menores ocurrido dentro del establecimiento educativo y que se denunció en septiembre del año pasado.
El CGE dispuso una reubicación exprés en medio del escándalo en la Escuela 617
La medida administrativa fue autorizada apenas 11 días después de que el caso tomara estado público y generara una fuerte conmoción social. La rapidez de la decisión llamó la atención, ya que, según trascendió, no se habría sustanciado aún un sumario administrativo formal, instancia habitual en situaciones de esta gravedad.
Reubicación exprés de una directora en medio del escándalo por corrupción de menores en El Soberbio de la Escuela 617
La causa penal investiga hechos ocurridos dentro de la escuela y tiene como principal acusado a un docente, contra quien existirían denuncias previas desde junio del año pasado.
En ese contexto, la directora reubicada habría reconocido que tenía conocimiento de las primeras denuncias, lo que derivó en acusaciones por presunto encubrimiento y falsificación ideológica de documento público.
Mientras tanto, la Escuela de Frontera N.º 617 continúa intervenida, y la investigación judicial suma denuncias por supuestas irregularidades durante la instrucción de la causa.
Desde la querella sostienen que existieron maniobras para ocultar información clave y cuestionan el accionar de las autoridades educativas provinciales, a quienes acusan de haber actuado de manera reactiva y bajo presión social, en lugar de preventiva.
El caso sigue generando repercusiones en la comunidad educativa y en la opinión pública, en un contexto donde se reclama mayor transparencia, responsabilidad institucional y protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
