(misionesonline.net) El Gobierno nacional oficializó un incremento parcial en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que se trasladará a los precios de la nafta y el gasoil. La medida busca morigerar el impacto de las actualizaciones pendientes sobre el bolsillo de los consumidores.

El Gobierno nacional argentino dispuso una nueva suba de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono (ICL y CO₂), que comenzará a regir durante febrero y se reflejará en los valores finales de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio.

La medida fue oficializada a través del decreto 74/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se aclaró que se trata de un incremento parcial. Según se argumentó en el texto oficial, la decisión apunta a “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, al tiempo que se difieren parcialmente los aumentos remanentes derivados de las actualizaciones previas.

De acuerdo con el nuevo cronograma, para los hechos imponibles que se registren entre el 1 y el 28 de febrero, el impuesto sobre la nafta sin plomo, hasta 92 RON y mayor a 92 RON (súper), y la nafta virgen aumentará $16,773 por litro, mientras que el gravamen al dióxido de carbono se incrementará $1,027 por litro.

En el caso del gasoil, el impuesto subirá $14,372 por litro. Para la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y otras zonas específicas del interior del país, el incremento será de $7,782 por litro, en tanto que el impuesto al dióxido de carbono aumentará $1,638 por litro.

El Ejecutivo había postergado la aplicación plena de los incrementos correspondientes al año calendario 2024 y a los tres primeros trimestres de 2025, fijando como nueva fecha el 1° de febrero de 2026. Además, el decreto modifica la entrada en vigencia de la siguiente etapa de aumentos, que pasa del 1 de febrero al 1° de marzo, según lo establece el artículo tercero de la norma.

La legislación vigente contempla también un tratamiento diferencial para el gasoil destinado al consumo en determinadas jurisdicciones, entre ellas Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el Partido de Patagones en Buenos Aires y el departamento Malargüe en Mendoza.

El decreto se apoya en la Ley 23.966, que regula los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, y establece un mecanismo de actualización trimestral basado en la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Según la normativa, los ajustes deben aplicarse en enero, abril, julio y octubre, contemplando las variaciones acumuladas desde enero de 2018.

Sin embargo, durante 2025 el Gobierno optó por suspender de manera reiterada las actualizaciones automáticas, autorizando solo subas parciales. Esa decisión implicó para el Estado una pérdida de ingresos estimada en USD 2.326 millones, con el objetivo de evitar incrementos bruscos en los precios de los combustibles. La última actualización, aplicada en diciembre, significó una merma de USD 173 millones en la recaudación de ese mes, según datos de la consultora Economía y Energía (EyE).

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