Por 138 votos a favor, 103 en contra y ocho abstenciones el oficialismo consiguió aprobar una iniciativa que tuvo mucha resistencia de parte de la oposición. La iniciativa pasa al Senado, donde se prevé que sea tratada en el recinto el 14 o el 21 de noviembre. Durante la madrugada los diputados del Peronismo Federal, vinculados a un sector de los gobernadores justicialistas, junto con los de Cambiemos ayudaron a volcar la mayoría por la afirmativa.

La accidentada sesión empezó a las 11.30 del miércoles, cuando la manifestación frente al Congreso todavía no se había desmadrado. A esa hora, Cambiemos logró un quórum apretado de 129 legisladores y dio inicio a la discusión. Minutos después, la marcha se descontroló. Empezaron las primeras piedras, bombas de estruendo y cascotes lanzados hacia los policías que respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma.

Las fuerzas de seguridad que rodearon el Parlamento corrieron a los manifestantes, muchos de ellos identificados con agrupaciones políticas de izquierda y del kirchnerismo, hacia la avenida 9 de Julio. En esa zona fue donde se produjo el mayor número de detenciones: hubo 26 arrestados, que luego fueron liberados. Los incidentes también dejaron 9 heridos.

El clima de confrontación fue una constante desde el primer momento en el recinto. Luego del discurso del miembro informante de Cambiemos, Luciano Laspina (PRO), un grupo de diputados del Frente para la Victoria desplegó banderas de los Estados Unidos en el centro del salón. Allí también, Victoria Donda colocó una gigantografía de cartón de tamaño real de la directora del FMI, Christine Lagarde.

Uno de los más efusivos contra el proyecto de la oposición fue Axel Kicillof, quien calificó de "fracaso absoluto" al gobierno de Mauricio Macri, y rechazó que el oficialismo siga hablando de "la pesada herencia". "Basta de excusas, llevan tres años de gobierno y rompieron todo", embistió.

El proyecto prevé una caída de la actividad económica del 0,5%, una baja del 1,6% en el consumo privado y un desplome del 9,7% en la inversión, además de un dólar promedio de 40,10 y una inflación punta a punta del 23%.

Otro de los más críticos fue Felipe Solá, quien este semana anunció su separación del bloque del Frente Renovador. En el "estreno" de ese nuevo espacio que conforma con dirigentes cercanos al kirchnerismo y al progresismo, opinó: "No hay un solo diputado (oficialista) que hable de brotes verdes, de crecimiento o de mejora del consumo, de baja de inflación, de estabilidad económica o crecimiento exponencial de las exportaciones".

Las chicanas volaban de un lado para otro cuando, en un momento del debate, un sector de los legisladores de la oposición fue a increpar al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, para que suspendiera la sesión. Dos veces se interrumpió el debate, mientras fuera del Congreso seguían los incidentes. Los ánimos estaban tan caldeados que Daniel Filmus y Nicolás Massot casi se toman a golpes: tuvieron que separarlos.

La diputada del Frente de Izquierda (FIT), Romina del Pla, dijo sin vueltas: "En este momento están reprimiendo con gases lacrimógenos a los compañeros que fueron a reclamar por los detenidos. Esto rompe el acuerdo que hicimos con usted, presidente. Reprimen para hacer pasar un presupuesto de coloniaje al servicio del FMI. Destinar $ 746.000 millones para el pago de la deuda no es un presupuesto austero sino un plan de guerra".

El líder de Evolución, Martín Lousteau, realizó una crítica pormenorizada del proyecto de ley, pero luego adelantó que lo votará: "Hay alternativas: eliminar gastos superfluos, limitar privilegios, pero no es lo que estamos haciendo ahora. No votar el presupuesto es peor, no mejor, nos parece grotesco, pero lo vamos a acompañar porque queremos discutir algunas cosas. No falta plata, pero se gasta mal, mucho se va por la corrupción".

Máximo Kirchner fue durísimo contra la política económica de Macri. "Han sabido destruir y no han sabido crear. Aumentaron la deuda y es impagable", lanzó.

Los incidentes
La zona del Parlamento estuvo copada por manifestaciones contra el proyecto del Presupuesto. Pasadas las 14 del miércoles, un grupo de unas 50 personas con las caras tapadas comenzó a lanzar piedras contra los efectivos y derribó algunas de las vallas que se habían montado alrededor del edificio. En respuesta, efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía dispararon balas de goma y gases lacrimógenos, al tiempo que tiraron agua con un camión hidrante.

Las escenas de máxima tensión se extendieron por más de una hora, en la que hubo corridas y contenedores de basura quemados, en la intersección de las avenidas Rivadavia y Callao. Mientras se producían los incidentes, los manifestantes de los movimientos sociales, los gremios y las agrupaciones políticas que protestaban se retiraron de la zona y la plaza del Congreso quedó despejada.

Los puntos más importantes del proyecto
Durante las semanas en que se llevó adelante el debate sobre el Presupuesto 2019, el oficialismo tuvo que ceder varios puntos para asegurarse los votos necesarios. Primero para conseguir el dictamen, luego para llegar al quórum en el recinto y finalmente para encarar bien perfilados a la votación y tener la media sanción en Diputados.

Las restricciones en el sistema de pensión universal para la vejez fueron uno de los puntos más criticados por la oposición. El oficialismo concedió que monotributistas sociales puedan seguir percibiéndola, aunque condicionando al resto de los requisitos socioeconómicos para personas de más de 65 años. Tampoco eliminará las exenciones para el Impuesto a las Ganancias que estipulaba el texto y que frenará el recorte al plus que se paga a las jubilaciones y asignaciones familiares en la Patagonia.

Un artículo en particular, el 53, despertó polémica inmediatamente entre los bloques opositores. Ese inciso cambiaba las condiciones bajo las cuales el Gobierno podría reestructurar la deuda pública. Fue dejado de lado. Una parte del acuerdo entre la Casa Rosada y los gobernadores implica un cambio clave en el esquema impositivo. A través de esta modificación propuesta, se implementarán alícuotas de entre 0,25 y 0,75 por ciento dependiendo el monto patrimonial.

El Gobierno creará un fondo compensador para ayudar a las provincias y municipios a solventar la tarifa del transporte público urbano, que la administración central dejará de subsidiar a partir de 2019, según confirmó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en conferencia de prensa.