(radioup.com.ar)La situación económica, el endeudamiento creciente de las familias y el peso cada vez mayor del alquiler sobre los ingresos conforman un escenario que preocupa a las organizaciones de inquilinos. En ese contexto, la Asociación Misionera de Inquilinos pidió a los diputados nacionales por Misiones que revisen las disposiciones vinculadas al denominado “desalojo exprés”, que obtuvo media sanción y deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.

El presidente de la organización, Adrián Torres, explicó en diálogo con Radio Up que el sector busca abrir una discusión sobre las consecuencias sociales y jurídicas que podría tener la aceleración de los procedimientos para recuperar una vivienda, especialmente en un contexto de fragilidad económica y habitacional.

“Ya de por sí la situación era compleja teniendo en cuenta la derogación de la ley y ahora, con esta nueva legislación, las cuestiones se vuelven mucho más complejas todavía”, sostuvo.

La preocupación de la entidad no apunta a desconocer el derecho de propiedad ni a liberar al inquilino de sus obligaciones. El planteo central es otro: que la protección de la propiedad privada no derive en una situación de indefensión para las familias que alquilan.

El pedido de los inquilinos a los diputados nacionales por Misiones

La Asociación Misionera de Inquilinos envió un petitorio a cada uno de los representantes nacionales de la provincia. En la nota, solicita que se analicen y revisen las disposiciones relativas al denominado “desalojo exprés”, evaluando sus posibles consecuencias sociales y jurídicas.

Torres confirmó que, hasta el momento, la organización no mantuvo reuniones directas con los legisladores, aunque sí pidió formalmente ser convocada para exponer sus argumentos.

“Cada uno de los diputados sabe lo que pensamos, hemos sido muy claros”, señaló. Además, explicó que el petitorio también fue difundido a través de los medios de comunicación para advertir sobre una problemática que, según consideró, todavía no ocupa un lugar central en la discusión pública.

La organización pretende que los diputados puedan modificar o eliminar los puntos cuestionados, con el objetivo de garantizar un equilibrio entre el derecho del propietario a recuperar su inmueble y el derecho del inquilino a contar con un debido proceso y una defensa efectiva.

La Asociación Misionera de Inquilinos envió un petitorio a los diputados nacionales por Misiones para reclamar mayores garantías para las familias.“No querer pagar no es lo mismo que no poder pagar”

Uno de los principales argumentos del petitorio es la necesidad de diferenciar entre el incumplimiento deliberado y las situaciones en las que una persona deja de pagar el alquiler como consecuencia de una crisis económica que no pudo evitar.

“No querer pagar no es lo mismo que no poder pagar”, sostiene la Asociación Misionera de Inquilinos en el documento enviado a los legisladores.

La pérdida del empleo, una caída abrupta de los ingresos, una emergencia familiar o una situación de fuerza mayor pueden convertir en temporalmente imposible el cumplimiento de una obligación que, hasta ese momento, la familia venía afrontando con normalidad.

Por eso, la entidad propone que, antes de llegar a la instancia extrema del desalojo, existan mecanismos que permitan acreditar situaciones de vulnerabilidad y buscar alternativas, como instancias de conciliación, planes de regularización, refinanciación de deudas y plazos razonables de cumplimiento.

“No pretendemos que el Estado obligue a un propietario a soportar indefinidamente una deuda, ni que el inquilino quede liberado de sus obligaciones contractuales. Lo que pretendemos es que ninguna de las partes quede en una situación de abuso o indefensión”, plantea el documento.

La asimetría entre propietarios e inquilinos

Otro de los puntos centrales del reclamo es la desigualdad de recursos que, según la organización, existe en numerosos conflictos entre propietarios e inquilinos.

La Asociación advierte que, de un lado, pueden encontrarse propietarios con múltiples inmuebles, empresas, desarrolladores y grandes operadores del mercado inmobiliario con acceso permanente a asesoramiento jurídico. Del otro, trabajadores, jubilados, familias monoparentales y grupos familiares que deben destinar una parte sustancial de sus ingresos para sostener el alquiler.

Torres consideró que esa diferencia económica también puede trasladarse al acceso a la Justicia.

Según explicó, una familia que ya destina entre el 70% y el 80% de sus ingresos al alquiler, de acuerdo con su descripción de la situación del sector, enfrenta enormes dificultades si además debe contratar un abogado para responder ante un proceso judicial.

Las defensorías y organismos de asistencia jurídica pública, advirtió la Asociación en su petitorio, existen como herramientas estatales, pero su sola presencia no garantiza necesariamente una defensa inmediata y suficiente. El documento menciona la sobrecarga de trabajo y las limitaciones de recursos que pueden atravesar estos organismos.

Además, señala que algunas personas con empleo o recibo de sueldo pueden ser derivadas a buscar patrocinio privado, aun cuando sus ingresos resulten insuficientes para afrontar los honorarios y gastos de un proceso judicial.

La preocupación por las notificaciones electrónicas

La modalidad de las notificaciones es otro de los aspectos cuestionados. La Asociación Misionera de Inquilinos advirtió sobre el riesgo de que la utilización de mecanismos electrónicos pueda generar situaciones de indefensión.

Torres puso como ejemplo a personas mayores o ciudadanos con bajo nivel de alfabetización digital que podrían no revisar regularmente sus correos electrónicos o sistemas de notificación.

“Cuando está en juego la vivienda de una familia, tiene que existir una garantía suficiente de conocimiento efectivo del procedimiento”, sostiene el petitorio.

La preocupación es que los plazos judiciales comiencen a correr sin que la persona afectada comprenda efectivamente que enfrenta un proceso que podría terminar con su expulsión de la vivienda.

Por ese motivo, la organización solicita que las notificaciones electrónicas cuenten con mecanismos suficientes para garantizar que el afectado tome conocimiento efectivo, especialmente cuando está en juego su hogar.

Alquileres caros y crisis habitacional en Misiones

Al referirse a la situación local, Torres sostuvo que Misiones enfrenta una relación particularmente compleja entre los salarios y el costo de los alquileres.

Según su análisis, aunque existen regiones del país donde los valores nominales de los alquileres son superiores, los ingresos también son más altos. En Misiones, en cambio, la relación entre el salario promedio y el precio de la vivienda alquilada coloca a la provincia entre las más costosas para quienes necesitan acceder a un techo mediante el mercado de alquileres.

La demanda, además, continúa siendo elevada por el crecimiento de la población y el persistente déficit habitacional.

En ese escenario, Torres cuestionó la idea de que un aumento de la oferta inmobiliaria implique necesariamente una mejora en el acceso a la vivienda. Según explicó, parte de ese movimiento puede estar vinculado a la expulsión de familias de viviendas que ya no pueden pagar.

Una familia que antes alquilaba una vivienda de dos o tres ambientes puede terminar trasladándose a un monoambiente, regresando a la casa de sus padres o familiares, mudándose a zonas periféricas o incluso a localidades vecinas en busca de precios más accesibles.

En otros casos, la alternativa es el hacinamiento, con varias personas compartiendo espacios reducidos porque resulta imposible afrontar el costo de una vivienda más amplia.

“El desalojo no resuelve el problema habitacional”

Para la Asociación Misionera de Inquilinos, el desalojo puede resolver un conflicto contractual puntual, pero no resuelve el problema de fondo: qué ocurre con la familia que pierde la vivienda y debe volver a insertarse en un mercado con alquileres cada vez más difíciles de afrontar.

El documento presentado ante los diputados advierte que la precarización habitacional no tiene únicamente consecuencias económicas. También impacta en la vida familiar, en la salud social y comunitaria, en la privacidad, en la posibilidad de trasladarse al trabajo o a la escuela y en la continuidad de las redes de contención.

“Derrás de cada contrato de alquiler hay personas, trabajadores, familias y niños”, plantea la entidad, al advertir que la discusión no debería reducirse exclusivamente a una relación económica entre dos partes.

Actualizaciones sin una regulación específica

Torres también cuestionó la situación que atraviesan los contratos luego de la derogación de la Ley de Alquileres. Según explicó, la falta de una regulación específica genera una mayor libertad para establecer las condiciones de actualización.

“Se actualizan cada dos meses, cada tres meses, cada vez que se les ocurra”, cuestionó durante la entrevista, en referencia a la diversidad de criterios que pueden establecerse en los contratos.

La organización sostiene que esta situación profundiza la incertidumbre de los hogares, que deben planificar sus gastos en un contexto de ingresos limitados y aumentos periódicos del alquiler.

Según Torres, la presión sobre los precios obliga a muchos inquilinos a buscar alternativas para sostener el pago y puede generar una “demanda ficticia”, compuesta por los mismos inquilinos que deben abandonar una vivienda y comenzar nuevamente la búsqueda de otra más económica.

El petitorio: los siete puntos que reclaman los inquilinos

La Asociación Misionera de Inquilinos presentó siete pedidos concretos a los diputados nacionales por Misiones:

1. Analizar y revisar las disposiciones relativas al denominado “desalojo exprés”, evaluando sus posibles consecuencias sociales y jurídicas.
2. Promover modificaciones legislativas que garanticen plenamente el debido proceso y el derecho efectivo de defensa de los inquilinos.
3. Contemplar mecanismos especiales para situaciones en las que el incumplimiento se origine en una crisis económica extraordinaria o en casos de fuerza mayor debidamente acreditados.
4. Garantizar el conocimiento efectivo de las notificaciones electrónicas cuando esté en juego la vivienda de una persona o familia.
5. Fortalecer las instancias de conciliación, mediación, regularización y refinanciación de deudas antes de llegar al desalojo, cuando exista una alternativa posible.
6. Convocar a las organizaciones de inquilinos y a otros sectores vinculados con la problemática habitacional para participar del análisis de las consecuencias de la legislación.
7. Tener presente la realidad económica y habitacional de las familias trabajadoras de Misiones al momento de discutir futuras modificaciones.

El reclamo apunta a garantizar el debido proceso y el derecho efectivo de defensa ante un eventual desalojo.Una discusión que, según Torres, trasciende las diferencias políticas

La Asociación Misionera de Inquilinos insistió en que el debate no debería quedar atrapado en una disputa partidaria.

“Los inquilinos tienen distintas ideologías, diferentes historias y diferentes posiciones políticas, pero existe una realidad que atraviesa a millones de argentinos: dependen del alquiler para acceder a una vivienda”, sostiene el petitorio.

La organización espera ahora que los diputados nacionales por Misiones abran una instancia de diálogo antes del tratamiento definitivo del proyecto.

Torres confía en que la presión social y los reclamos de distintas provincias puedan volver a influir en el debate parlamentario, como ocurrió durante el paso de la iniciativa por el Senado.

El objetivo, remarcó, no es enfrentar el derecho de propiedad con el derecho a una vivienda digna, sino evitar que la búsqueda de una mayor celeridad en los procesos termine profundizando la desigualdad entre las partes.

“No pedimos privilegios. No pedimos impunidad para quien incumple. No pretendemos desconocer el derecho de propiedad. Pedimos equilibrio”, resume la presentación de la Asociación Misionera de Inquilinos.

En un país atravesado por el endeudamiento de los hogares, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para acceder a una vivienda, la entidad advierte que discutir cómo se desaloja a una familia también obliga a discutir qué herramientas existen para evitar que una crisis económica termine, directamente, en la pérdida del techo.