(misionesonline.net)El caso de Juan Carlos Kategora, quien hasta hace pocos días estaba al frente de la Escuela Provincial 733 de San Vicente, sumó una instancia judicial. El diputado provincial Cristian Castro, del Partido Agrario y Social (PAyS), presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Instrucción Penal N°1 de Posadas para que se investigue la situación laboral y administrativa del docente.

La presentación apunta a establecer si existieron conductas que puedan encuadrarse en los delitos de defraudación en perjuicio de la Administración Pública y falsedad ideológica reiterada en instrumento público.

El expediente se inició luego de que trascendiera que Kategora acumuló 3.363 días de licencia durante un período de 18 años. De acuerdo con la información que tomó estado público, esas licencias se alternaron con períodos de actividad frente a la institución educativa, mientras el docente también figuraba como trabajador de Energía de Misiones (EMSA).

Ante este escenario, Castro pidió que la Justicia revise distintos aspectos de la trayectoria laboral del denunciado. Entre otros puntos, solicitó que se incorporen y analicen sus legajos, las licencias otorgadas, los salarios percibidos, sus movimientos y viajes al exterior y la situación que mantenía dentro de la empresa eléctrica provincial.

La denuncia se presentó mientras el Consejo General de Educación (CGE) continúa con un sumario administrativo iniciado a raíz del caso. Ese procedimiento busca determinar cómo fueron autorizadas las licencias y si existieron irregularidades en la documentación utilizada para justificarlas.

La titular del organismo, Daniela López, confirmó que Kategora presentó su renuncia al cargo de director y que el CGE decidió aceptarla. Sin embargo, aclaró que la salida del puesto no pone fin a la investigación interna.

Según explicó, durante los años analizados hubo períodos de licencia que fueron interrumpidos por regresos a la actividad y posteriores pedidos de licencia. En 2019, el organismo había detectado que el docente había superado los plazos establecidos y aplicó un descuento del 50% de sus haberes.

También surgió que en 2022 Kategora había iniciado un trámite para jubilarse, aunque la gestión no prosperó porque no cumplía con los requisitos correspondientes.

Ahora, además del análisis administrativo, la Justicia deberá determinar si los hechos denunciados pueden constituir delitos y si existió algún perjuicio económico para las arcas públicas.

Uno de los aspectos que podría adquirir relevancia durante la investigación es la documentación médica presentada para acceder a las licencias. Desde el CGE indicaron que deberán verificarse los certificados y las historias clínicas para establecer si fueron confeccionados y validados correctamente.

López sostuvo que, en caso de comprobarse adulteraciones de certificados, firmas o diagnósticos, podrían surgir responsabilidades que excedan al docente y alcancen a quienes eventualmente hubieran intervenido en la confección o validación de esos documentos.

En paralelo, el CGE ordenó revisar las licencias prolongadas que actualmente se encuentran vigentes entre docentes de la provincia. La medida busca conocer cómo se tramitan estos casos y reforzar los controles sobre las ausencias laborales de larga duración.

Con la denuncia de Castro, el caso dejó de estar limitado al ámbito administrativo y quedó ahora bajo análisis de la Justicia penal, que deberá determinar si las irregularidades señaladas configuran alguno de los delitos planteados en la presentación.

El CGE aceptó la renuncia del docente que acumuló más de 3 mil días de licencia en 18 años y advierte que continúa el sumario