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(misionesonline.net) Al explicar los motivos de su salida, el exfuncionario argumentó la necesidad de protegerse a sí mismo y a su entorno frente a lo que calificó como interminables ataques y operaciones mediáticas que llegaron al extremo, afectando a su mujer, sus pequeños hijos, amigos, familiares, allegados e incluso a sus vecinos.

En su defensa, aseguró haber sido tratado de delincuente y corrupto sin que pese sobre sus espaldas un solo hecho comprobable de corrupción, al tiempo que desmintió las acusaciones que sugerían que se mantenía en el poder gracias a la extorsión sobre el presidente y la Secretaria General de la Presidencia.

La caída de quien fuera vocero presidencial desde diciembre de 2023 y ministro coordinador desde noviembre de 2025 se produce tras semanas de fuertes cuestionamientos impulsados por la oposición e incluso por integrantes de la mesa política del oficialismo, como la ministra Patricia Bullrich, y a pesar de los esfuerzos de Javier y Karina Milei por sostenerlo.

No obstante, el desenlace fue anticipado el pasado viernes por el propio mandatario desde España, país al que había llegado por sexta vez. En declaraciones públicas, el Presidente advirtió que, si la Justicia lo consideraba culpable, lo echaría “de una patada”, aunque matizó sus dichos al definirse como optimista y asegurar que el ahora exfuncionario no tendría ningún tipo de problema judicial.

 

 

El punto de quiebre de la gestión de Adorni tuvo lugar este jueves, cuando, tras 90 días de escándalo patrimonial, presentó finalmente su declaración jurada de 2025. La controversia pública inicial había estallado al conocerse que su esposa, Bettina Angeletti, integró la delegación oficial que acompañó a Javier Milei a la Argentina Week en Nueva York.

En el documento fiscal recién presentado, Adorni declaró la titularidad de un departamento en el barrio porteño de Caballito, una casa en el country Indio Cuá, 209 mil dólares y un total cercano a los 944 millones de pesos. Además, dejó asentada una deuda con cuatro mujeres que, según su versión, le prestaron el dinero necesario para adquirir dichas propiedades.

En paralelo a la renuncia, avanza rápidamente la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga su evolución económica, expediente originado tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano. La legisladora apuntó contra la omisión de bienes y múltiples inconsistencias en las finanzas del exfuncionario, destacando un alarmante incremento patrimonial del 500% en apenas un período fiscal.

El foco de los investigadores está puesto en la compra del departamento en Caballito, efectuada el 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de 230 mil dólares, debido a su atípica estructura financiera: se utilizó una hipoteca no bancaria de 200 mil dólares, con un plazo de devolución de un año y a tasa de interés cero. La escribana interviniente en la operación, Adriana Mónica Nechevenko, declaró ante la Justicia y defendió la legalidad del procedimiento explicando que se trató de una compraventa con hipoteca y saldo de precio, catalogando el acto como una operación normal y aclarando que no hubo entregas de dinero en efectivo. Pese a estas afirmaciones, la fiscalía intenta reconstruir la trazabilidad de los fondos y analiza la nula lógica económica que reviste un préstamo sin intereses.

A su vez, la lupa judicial se posó sobre la vivienda del country Indio Cuá, escriturada a nombre de la esposa de Adorni. Durante la última semana se sumó al expediente la declaración testimonial de Matías Tabar, el arquitecto responsable de las refacciones del inmueble. El profesional aportó un dato comprometedor al asegurar que el exjefe de Gabinete le pagó 245 mil dólares, íntegramente en efectivo y sin la emisión de factura alguna, por una serie de remodelaciones de lujo que incluyeron la cocina, una pileta, un quincho y la renovación de los baños.

Por último, la situación judicial de Adorni se complica aún más a raíz de dos polémicos viajes internacionales familiares. El primero ocurrió durante la mencionada Argentina Week en Estados Unidos, viaje que intentó justificar mediáticamente asegurando que iba a “deslomarse” trabajando y que por ello necesitaba viajar junto a su “compañera de vida”. Aunque Adorni afirmó haber pagado esos pasajes de su propio bolsillo, los requerimientos judiciales a las aerolíneas confirmaron que el viaje de retorno se realizó en primera clase por la empresa Delta, a un costo de 10.000 dólares, y que al menos uno de esos tickets fue formalmente reservado por la Jefatura de Gabinete.

El escándalo se potenció posteriormente con la filtración de imágenes de la familia Adorni viajando en un avión privado rumbo a Punta del Este durante el feriado de Carnaval. La investigación busca determinar si estos costosos traslados fueron financiados por terceros con lazos contractuales con el Estado, ya que el expediente judicial señala al empresario Marcelo Grandio como el verdadero pagador. Esta hipótesis cobró fuerza con la declaración de la gerenta comercial de la empresa aérea contratada, quien confirmó que Grandio solicitó una cotización para “invitar a una familia” y canceló parte de la deuda en efectivo, derribando así la versión pública del exfuncionario de haber costeado personalmente el viaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: admin