Escuchar artículo

(misionesonline.net)La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Representantes comenzó a analizar tres proyectos que buscan modificar el régimen de declaraciones juradas de los funcionarios públicos en Misiones, con un objetivo común: ampliar la transparencia y facilitar el acceso ciudadano a la información patrimonial. Sin embargo, el debate dejó al descubierto diferencias sobre el alcance de las medidas y los riesgos que podría implicar la difusión de esos datos.

Las iniciativas corresponden a los diputados Héctor Bárbaro (PAyS), Adrián Núñez (LLA) y Ramón Amarilla (Algo Nuevo), y fueron incorporadas al tratamiento parlamentario. Si bien los tres proyectos coinciden en establecer el carácter público de las declaraciones juradas, difieren en la profundidad de las reformas y en los mecanismos de control y protección de la información sensible.

Durante la reunión de comisión, el diputado Cristian Castro (PAyS) fue el encargado de argumentar a favor del proyecto de Héctor Bárbaro. El legislador sostuvo la necesidad de reducir de dos años a uno el plazo para la actualización de las declaraciones juradas, al considerar que un período más corto permite un mejor seguimiento de la evolución patrimonial de los funcionarios.

La iniciativa del PAyS también propone que las declaraciones sean de libre acceso y que se habilite un espacio específico en el sitio web oficial de la Provincia para su consulta pública. Asimismo, prevé que la información correspondiente al cónyuge, conviviente e hijos menores permanezca bajo reserva y sólo pueda ser requerida por la Justicia o los organismos de control.

En tanto, la diputada Samanta Stekler, de La Libertad Avanza, incorporó durante el debate varios lineamientos contenidos en la propuesta presentada por Adrián Núñez. Se trata de un régimen integral de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses, que contempla la creación de un Portal Provincial de Transparencia Patrimonial, registros históricos de acceso público, publicación de funcionarios incumplidores y mecanismos para que ciudadanos, organizaciones y medios de comunicación puedan formular observaciones o denuncias.

Por su parte, el proyecto impulsado por Ramón Amarilla también fue sumado al análisis. La propuesta modifica la Ley IV Nº 21 para garantizar la publicidad de las declaraciones juradas y su publicación en formatos digitales abiertos, accesibles y reutilizables. A la vez, establece que determinados datos sensibles, como domicilios particulares, números de cuentas bancarias y otra información que pudiera comprometer la seguridad de los funcionarios y sus familias, queden resguardados.

La comisión de Asuntos Constitucionales se reúne todos los martes en la Cámara

Coincidencias y diferencias

Las tres iniciativas tienen como eje fortalecer la transparencia y el control ciudadano sobre el patrimonio de quienes ejercen funciones públicas.

El proyecto de Héctor Bárbaro apunta a reformar la legislación vigente reduciendo los plazos de presentación y habilitando el acceso público a las declaraciones. El de Ramón Amarilla avanza en la misma dirección, pero pone especial énfasis en la publicación digital y la protección de datos sensibles.

En cambio, la propuesta de Adrián Núñez plantea una reforma más amplia, incorporando además declaraciones de intereses, sistemas de datos abiertos, registros históricos, sanciones para los incumplidores y la posibilidad de exigir declaraciones juradas antes de la oficialización de candidaturas provinciales.

Las diferencias más marcadas aparecieron en torno a la difusión pública de los ingresos y bienes de los funcionarios.

El diputado Wálter Ríos, del bloque Por la Vida y los Valores, expresó sus reparos y sostuvo que la exposición de esa información podría generar riesgos. “Los proyectos vulneran la seguridad de todos los funcionarios ya que sería público el ingreso. Si se filtran esas informaciones, estamos expuestos, nuestra familia queda expuesta”, afirmó durante la reunión. En otro tramo del debate insistió en que “hay que pensar en la seguridad”.

La postura contraria fue defendida por Samanta Stekler, quien consideró que la apertura de la información es una herramienta para recuperar la confianza pública. “Tenemos que contribuir entre todos a la transparencia para que el ciudadano vuelva a confiar en la política”, señaló la legisladora libertaria.

La discusión también tuvo momentos de tensión y pases de factura entre bloques. Al defender la propuesta del PAyS, Cristian Castro lanzó una ironía: “No sea cosa que en alguna declaración jurada se encuentre algún pen drive”, en alusión al caso que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni.

La respuesta de Stekler no se hizo esperar. “O dinero en algún placard”, retrucó, en referencia al escándalo que salpicó al ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y a su ex esposa Jésica Cirio.

Con los tres proyectos ya incorporados al estudio de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Legislatura abrió un debate que promete enfrentar dos miradas contrapuestas: la necesidad de profundizar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, frente a las advertencias sobre la privacidad y la seguridad de los funcionarios públicos.

Con relación a las modificaciones al régimen electoral, existen actualmente siete proyectos que continúan en estudio.

 

 

 

 

Autor: admin