(primeraedicinoweb.com.ar9 La crisis de la yerba mate desembarcó este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación con un extenso y tenso plenario de las comisiones de Economía y Economías Regionales, donde productores, trabajadores rurales, cooperativistas, intendentes, legisladores y representantes del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) expusieron visiones completamente opuestas sobre el impacto de la desregulación impulsada por el Gobierno nacional a través del DNU 70/2023.

Durante varias horas, la Sala 1 del Anexo de Diputados se convirtió en escenario de un fuerte contrapunto entre quienes reclaman la restitución de las facultades del INYM para fijar precios mínimos y quienes sostienen que el libre mercado es el único camino posible para modernizar la actividad.

Las intervenciones estuvieron atravesadas por números, denuncias sobre concentración económica, advertencias por el deterioro social en Misiones y también una defensa cerrada de la desregulación por parte del presidente del organismo yerbatero, Rodrigo Correa.

Desregularon nuestras vidas”

Uno de los testimonios más duros fue el de Ana Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales, quien llevó al recinto la realidad de los tareferos. Con una planta de yerba en la mano, intentó graficar el esfuerzo que implica cosechar la materia prima y la imposibilidad de sostener ingresos dignos en el actual contexto.

“Nos estamos yendo todos del país. Estamos yendo a otro lugar, a Brasil, donde conseguimos mejores condiciones laborales y mejores pagas”, advirtió la dirigente sindical, quien describió una crisis social que ya impacta sobre las familias rurales misioneras.

Cubilla relató que muchos trabajadores cobran por tonelada y que alcanzar los mil kilos diarios resulta prácticamente imposible. “Si a mí me están pagando 50 mil pesos por día, yo no estoy ganando 50 mil pesos por día porque es imposible que un trabajador haga los mil kilos de hoja verde por día”, sostuvo. Según explicó, la mayoría apenas logra completar la mitad de esa carga y termina percibiendo ingresos insuficientes para sostener a sus hogares.

La dirigente vinculó directamente la situación con la desregulación implementada por el Gobierno nacional: “A partir del minuto cero de este DNU nos desregularon nuestras vidas”, expresó. También alertó sobre el éxodo de familias enteras hacia Brasil y afirmó que “se destruye la familia” cuando los trabajadores migran durante meses para conseguir empleo.

En la misma línea se pronunció el productor Ángel Ozeñuk, referente del norte misionero, quien defendió el rol histórico del INYM y cuestionó que mediante un decreto se hayan eliminado herramientas centrales de regulación.

“No se puede pasar por alto una ley”, afirmó en referencia a la norma que creó el instituto yerbatero. Según planteó, si se pretendía modificarla debía hacerse “por algo superior, no inferior”.

Ozeñuk comparó la situación actual con la de 2023 para mostrar el deterioro de la rentabilidad. Recordó que hace tres años el kilo de hoja verde se pagaba cerca de 400 pesos y el gasoil costaba 190 pesos el litro. “En aquel momento un productor necesitaba dos kilos de hoja verde para comprar un litro de gasoil. Hoy necesita once kilos y medio”, remarcó.

El productor sostuvo que las grandes empresas crecieron gracias al pequeño colono y que ahora “le están quitando la posibilidad de que el productor mejore en su chacra”. También denunció una fuerte concentración económica y habló directamente de “un monopolio yerbatero”.

“Mientras eso ocurra, va a desaparecer el pequeño productor, las pequeñas cooperativas y los pequeños molinos”, alertó.

Además defendió las herramientas históricas del INYM, entre ellas la regulación de cosecha y la limitación de nuevas plantaciones. Según explicó, permitir cosechar durante todo el año perjudica la calidad de la yerba porque la planta necesita períodos de descanso y brotación.

“Impuesto invisible”

La postura opuesta fue expresada por el presidente del INYM, Rodrigo Correa, quien realizó una defensa integral del nuevo esquema desregulado y cuestionó duramente el funcionamiento previo del organismo.

“Nos encontramos con un organismo sobredimensionado en todas sus áreas y capturado por la inercia burocrática”, afirmó.

También señaló que entre 2020 y 2023 la planta de trabajadores creció un 40% y aseguró que no existían controles operativos ni mecanismos claros de transparencia administrativa.
Correa destacó que la actual gestión redujo cargos, modificó estructuras y disminuyó gastos internos. Pero el punto más fuerte de su exposición estuvo centrado en la defensa del libre mercado.

“El precio regulado operó históricamente como un impuesto invisible al consumo”, sostuvo. Según indicó, tras la eliminación de los valores mínimos obligatorios, el precio de la yerba en góndola cayó un 46%.

Además rechazó las críticas hacia la desregulación y afirmó que “es fundamental desarmar la retórica populista de que la regulación protegía al más débil”.

En uno de los tramos más polémicos de su discurso aseguró que el productor que apuesta por eficiencia, tecnología y calidad puede conseguir mejores precios que aquellos que esperan “un precio oficial y estático”.

“El instituto no volverá a implementar mecanismos de fijación o control de precios”, ratificó ante los diputados.

Las declaraciones generaron fuertes respuestas de otros expositores. El diputado provincial del Partido Agrario y Social, Cristian Castro, sostuvo que el mercado yerbatero funciona bajo una lógica de “oligopsonio”, donde pocos compradores concentran la demanda y condicionan los valores pagados a miles de pequeños productores. “El 90% de los productores tiene menos de 30 hectáreas”, explicó. Del otro lado de la cadena, señaló que las principales empresas concentran cerca del 40% del mercado.

Castro cuestionó el argumento de la sobreproducción y presentó comparaciones entre 2021 y 2025 para afirmar que, pese a tener volúmenes similares, la diferencia actual radica en la caída del precio pagado al colono y en los extensos plazos de cobro. “Al productor le pagaron con cheques a 30, 60, 90 y hasta 120 días”, denunció.

También rechazó la idea de que el precio fijado por el INYM actuaba como techo: “No era un techo, era un piso”, aclaró.

“No genera déficit”

Otro de los momentos fue la intervención del diputado nacional Oscar Herrera Ahuad, quien defendió el rol histórico del instituto y advirtió sobre las consecuencias económicas de la crisis yerbatera en Misiones: “Estamos ante un problema serio”, sostuvo al cuestionar que el organismo haya permanecido más de dos años sin conducción efectiva.

También remarcó que el INYM “no genera déficit para el Estado nacional” porque se financia con recursos propios.

El legislador misionero advirtió que, según estimaciones basadas en datos oficiales, el sector productivo podría enfrentar pérdidas por unos 640 mil millones de pesos durante la zafra 2025-2026. “Ustedes representan tres RIGI anuales”, les dijo a los productores, al comparar el impacto económico de la actividad yerbatera con las inversiones promovidas por el Gobierno nacional.

Desde La Libertad Avanza, el diputado Diego Hartfield respaldó la desregulación y consideró que el problema actual no fue generado por el DNU, sino por años de intervención estatal: “Nosotros justamente creemos que fue la regulación del precio el problema”, afirmó. Citó informes de Defensa de la Competencia de 2017 y sostuvo que los valores mínimos incentivaron sobreproducción y distorsiones de mercado.

Hartfield reconoció la gravedad de la situación de productores e industrias, aunque insistió en que la salida no pasa por volver a fijar precios.

En tanto, el productor correntino Gustavo Quatrin, vinculado a Playadito, admitió que los valores actuales “son precios de abandono”, aunque rechazó que el Estado determine cuánto deben cobrar o vender los distintos actores de la cadena.“La solución está en el mercado”, afirmó.

Jorge Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, defendió las políticas históricas del INYM y aseguró que la desregulación frenó “dos décadas de crecimiento y desarrollo”.
“No pedimos mucho: precio justo y precio digno”, resumió el dirigente misionero.