(elterritorio.com.ar) La Asociación Gremial de Profesionales de Vialidad Nacional elevó la demanda contra Caputo, Sturzenegger y Adorni. Denuncian que los fondos específicos para el mantenimiento vial se usaron para otros fines. Afirman que el 75% de las rutas del país, está entre regular o malo.

La falta de mantenimiento de rutas nacionales en el país, terminó en una denuncia penal, por presunto desvío de unos 400.000 millones de pesos.

La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, acusa formalmente a los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación, Federico Sturzenegger; al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la cúpula directiva del organismo vial, de malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La presentación formal fue radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 7.

La presentación, fue impulsada por Jorge Segundo Maturano en representación de la Asociación por la presunta utilización de un fondo fiduciario específico, alimentado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), para otros fines. Por ley, cada vez que un ciudadano carga nafta o gasoil en cualquier estación de servicio del país, un porcentaje de ese impuesto tiene un destino único y obligatorio que es la conservación, mantenimiento y construcción de la red vial federal. Sin embargo, según la denuncia, la actual gestión habría dejado de transferir a la Dirección Nacional de Vialidad 400.000 millones de pesos. 

“Entendemos que esos fondos fueron derivados a otros fines que desconocemos”, detalló José Rizzo, secretario Adjunto del gremio, en diálogo con este matutino. 

El mal estado de las rutas

Desde el inicio de la actual gestión, el deterioro de la red vial nacional se agravó notablemente. Las cifras que maneja el sindicato son alarmantes y estiman que cerca del 75% de las rutas del país se encuentran en estado “regular o malo”, un salto drástico respecto al escenario recibido al comienzo del mandato. Esta realidad la padece cualquier automovilista o transportista que, al transitar las rutas nacionales del país, se encuentran con profundos baches que al no poder desviar se traduce diariamente en una llanta rota, un amortiguador estallado o una maniobra brusca para esquivar la muerte en una ruta nacional. “El riesgo que estamos pasando todos los ciudadanos del país circulando por rutas en estado tan catastrófico es enorme”, advirtió Rizzo, describiendo un paisaje cotidiano de episodios de roturas de neumáticos, daños mecánicos severos y un incremento exponencial del riesgo de accidentes fatales.

Traslado de responsabilidades

Recordó que la red vial nacional supera los 40.000 kilómetros de extensión. Ante la falta de presupuesto, la estrategia oficial consiste en analizar la concesión de unos 9.100 kilómetros y, según consideran como ello se descuidan otros 12.000 kilómetros, pretendiendo transferirlos a las órbitas provinciales.

Para el gremio de Vialidad, esta medida no solo es inviable, sino que profundizará las asimetrías de un país ya fragmentado. Las administraciones provinciales, asfixiadas económicamente, no cuentan con los recursos humanos ni financieros para sostener semejante infraestructura. 

Rizzo también fue categórico al desarmar el argumento del sistema de peajes como solución, al recordar que los usuarios financian las rutas cada vez que cargan combustible. Por lo que sumar peajes a las rutas destruidas configuraría establecer un sistema de doble imposición.

La denuncia

La denuncia, según accedió este matutino, ingresó el 20 de mayo y comenzó a tomar estado publico en esta jornada. Se trata del expediente CFP 2473/2026. El denunciante, ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7, es Jorge Segundo Maturano. Los denunciados son Luis Caputo, Nicolas Posse, Manuel Adorni, Marcelo Jorge Campoy, Víctor Francisco Farre, Cipollina Ema Lía Albrieu, Fernando Daniel Novoa y Diego Tomas Riveira. Estos habrían incurridos, según la denuncia, en posibles delitos de malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. 

A pesar del peso de los nombres propios que figuran en la carátula judicial, desde el sindicato aclaran que la presentación no busca la mera condena penal o una foto de tribunal. El objetivo de máxima es político y estructural, que es obligar al Estado nacional a reasignar de inmediato los fondos específicos a Vialidad Nacional para frenar el colapso de la infraestructura.

Además, los profesionales del sector reclamaron una mayor firmeza a las propias autoridades de la Dirección de Vialidad, exigiéndoles que dejen de ser espectadores pasivos y visibilicen la emergencia.