(radioup.com.ar)El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, anunció que decidió presentar licencia a su cargo luego de las públicas denuncias en su contra por presuntos delitos contra la integridad sexual. La decisión fue comunicada a través de una publicación en su cuenta personal de Facebook, en la que afirmó haberse puesto “a entera y absoluta disposición de la Justicia” para colaborar con la investigación.
El caso generó fuerte repercusión política y judicial en la provincia de Misiones, luego de que la Justicia ordenara allanamientos en la Municipalidad de Caraguatay, en el domicilio particular del intendente y en un vehículo oficialutilizado por el funcionario.
La causa fue tramitada en el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Puerto Rico, a cargo del juez Leonardo Manuel Balanda Gómez, quien dispuso una serie de medidas de prueba tras la ratificación y ampliación de la denuncia por parte de la presunta víctima.
La licencia solicitada por el intendente
En su mensaje público, Peyer había explicado que decidió apartarse del cargo para facilitar el proceso judicial y permitir que se esclarecieran los hechos denunciados.
En la publicación difundida en redes sociales, el jefe comunal manifestó que había presentado su licencia como intendentey que se encontraba a disposición de la Justicia para colaborar en todo lo necesario.
En ese texto sostuvo que desconocía “la motivación o las causas” que habrían dado origen a la acusación, a la que calificó como “grave y falaz denuncia”, y expresó su confianza en que el proceso judicial determinaría su inocencia.
Asimismo, señaló que durante ese período atravesaba una situación personal difícil y que se apoyaría en el acompañamiento de su familia y de vecinos de la comunidad.
La investigación judicial y los allanamientos
La causa se había iniciado el 25 de febrero, luego de que una mujer de 31 años, vinculada laboralmente al ámbito del Concejo Deliberante de Caraguatay, presentara una denuncia ante la Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico.
Tras la ratificación de su testimonio y la ampliación de su declaración ante el juzgado, el magistrado Balanda Gómezordenó allanamientos simultáneosen distintos lugares vinculados al intendente.
Las medidas incluyeron procedimientos en:
el edificio de la Municipalidad de Caraguatay,
el domicilio particular del jefe comunal,
y un vehículo oficial utilizado por el funcionario.
Durante los operativos judiciales se dispuso el secuestro de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos informáticos, además del registro de oficinas dentro del edificio municipal, incluido el despacho del intendente.
El objetivo de estas medidas fue reunir pruebas y documentación que pudieran aportar elementos a la investigación.
Los hechos denunciados
De acuerdo con la declaración de la denunciante, las situaciones de acoso laboral y personalhabrían comenzado a mediados de 2025.
Uno de los episodios mencionados habría ocurrido el 8 de julio de ese año, cuando el intendente la convocó a su despacho para conversar sobre cuestiones vinculadas a su situación laboral.
Sin embargo, según el testimonio presentado ante la Justicia, el hecho más grave habría tenido lugar el 4 de septiembre de 2025, dentro de una oficina del Concejo Deliberante de Caraguatay.
De acuerdo con su relato, durante una conversación se habría producido un forcejeo que derivó en un presunto abuso sexual, situación que motivó la posterior denuncia judicial.
El jefe comunal de Caraguatay, Mario Darío Peyer, anunció en Facebook que había pedido licencia y se puso a disposición de la Justicia.Medidas de protección para la denunciante
Tras la ratificación de la denuncia, el juez dispuso también una prohibición de acercamientocontra el intendente hacia la mujer denunciante.
La medida incluyó cualquier tipo de contacto, ya fuera personal, telefónico o virtual, con el objetivo de preservar la integridad de la víctima y garantizar el normal desarrollo del proceso judicial.
En paralelo, la mujer había presentado además una segunda denuncia por presuntas amenazas.
Según su declaración, el funcionario habría pasado frente a su domicilio en un vehículo y le habría dirigido un mensaje intimidante, situación que fue incorporada al expediente judicial.
La denunciante se constituyó como querellante
En el marco del proceso judicial, la mujer solicitó constituirse como querellante particular, pedido que fue aceptado por el juez de la causa.
Esta condición le permitió participar activamente en la investigación, a través de su representante legal, presentando medidas de prueba, impulsando actuaciones y colaborando con el Ministerio Público Fiscal.
La acción pública del proceso estuvo a cargo del fiscal Héctor Simón, quien continuó con la investigación para determinar las responsabilidades penales en el caso.
La situación legal de Peyer
A pesar de la gravedad de la denuncia y de las medidas ordenadas por la Justicia, el intendente no había podido ser detenido en ese momento.
Esto se debía a que, mientras ejercía el cargo, contaba con inmunidad legal establecida por la Ley Orgánica de Municipalidades de Misiones, normativa que impedía la detención de intendentes o concejales por delitos no flagrantes mientras permanecieran en funciones, salvo que se dispusiera previamente su desafuero.
En ese contexto, la solicitud de licencia al cargohabía sido interpretada como una decisión orientada a facilitar el avance de la investigación judicial.
El pedido público del gobernador
La situación judicial del intendente también generó repercusiones en el plano político provincial.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, había solicitado públicamente que Peyer se apartara del cargo mientras avanzaba la investigación.
El planteo fue difundido a través de su cuenta oficial en X, donde expresó que, ante la gravedad de la denuncia, el intendente debía pedir licencia y ponerse a disposición de la Justicia.
La declaración del mandatario provincial incorporó una dimensión institucional al caso, que ya había generado repercusiones en distintos ámbitos políticos y sociales de la provincia.
Quién asumía la intendencia interina
Tras el pedido de licencia de Peyer, la conducción del municipio de Caraguatayquedaba de manera provisoria en manos de la vicepresidenta del Concejo Deliberante, Norma Gularte, quien debía asumir como intendenta interinahasta que se resolviera la situación administrativa y judicial del jefe comunal.
La evolución de la causa judicial y las decisiones institucionales posteriores serían determinantes para el futuro político y administrativo del municipio.
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El jefe comunal de Caraguatay, Mario Darío Peyer, anunció en Facebook que había pedido licencia y se puso a disposición de la Justicia.Medidas de protección para la denunciante
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